Agricultura ha comprometido ya más de 1.000 millones de euros del presupuesto del Programa de Desarrollo Rural

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha comprometido ya 1.033 millones de euros de inversión pública del Programa de Desarrollo Rural (PDR) del actual marco 2014-2020, un presupuesto que se ha destinado a líneas como las de modernización de industrias y explotaciones, jóvenes o Producción Ecológica, entre otras. Así lo ha transmitido hoy el consejero, Rodrigo Sánchez Haro, en la Mesa de Interlocución Agraria, en la que están representadas las Organizaciones Profesionales Agrarias (Asaja, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias.
 
Sánchez Haro ha detallado que estos 1.033 millones de euros suponen el 55% del presupuesto total disponible (que asciende a unos 1.850 millones de euros), a lo que hay que sumar que está previsto que otro 25% se convoque antes de que finalice 2017. De esta manera, para fin de año se habrá puesto a disposición del sector agrario más del 80% del presupuesto total del PDR. “Con independencia de las dificultades administrativas que podamos estar teniendo, son cantidades muy importantes teniendo además en cuenta que estamos todavía en la primera parte del PDR”, que tiene un horizonte de aplicación hasta el año 2020.
 
El consejero ha anunciado asimismo su compromiso de aportar otros 25 millones de euros para el mantenimiento de la Producción Ecológica y que también habrá nuevas ayudas para el olivar ecológico por importe de unos seis millones de euros, unos incentivos que saldrán con nuevos criterios de priorización y reparto para así maximizar el número de beneficiarios. Asimismo, se incrementará la partida correspondiente al año 2016 para la incorporación al campo de jóvenes agricultores, “una apuesta importante y una de las principales prioridades de la Consejería”.

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Agricultura avanza en su Plan de Igualdad con la constitución de la comisión encargada de garantizar su aplicación

LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL HA DADO UN PASO MÁS EN LA APLICACIÓN DE SU I PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA CON LA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ENCARGADA DE SUPERVISAR LA MARCHA DE ESTE PROYECTO, DIRIGIDO A "REFORZAR EL IMPORTANTE PAPEL QUE LA POBLACIÓN FEMENINA DESEMPEÑA EN LOS MEDIOS RURAL Y PESQUERO".

Según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado, la puesta en marcha de esta comisión ha tenido lugar esta semana en un acto presidido por el viceconsejero de Agricultura, Ricardo Domínguez García-Barquero, y en el que han estado representantes de instituciones y organizaciones agrarias, sindicales, empresariales y sociales implicadas en este proceso.

El I Plan de Igualdad tiene un horizonte de aplicación hasta 2020 y fue aprobado en Consejo de Gobierno el pasado mes de enero, después de un intenso proceso de elaboración que contó con las aportaciones de los principales agentes económicos y sociales del sector, así como de las asociaciones de mujeres representativas en el medio rural.

Para el año 2017 contempla la aplicación de un total de 165 actuaciones concretas, enfocadas a incrementar la participación de las mujeres en los sectores agroalimentario y pesquero y a cambiar la cultura organizativa y de trabajo en la propia Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Entre las medidas que ya se están aplicando durante este año están las dirigidas a priorizar a las mujeres y las empresas constituidas por mujeres en todas las líneas de ayudas públicas que convoca Agricultura, o a aumentar la presencia femenina como docentes y como alumnas en las actividades formativas del sector.

También se quiere impulsar la participación de la mujer en la interlocución agraria y pesquera, así como formar y sensibilizar en materia de igualdad al personal de la Consejería.

El plan incluye el diagnóstico que por primera vez se realiza en Andalucía sobre la situación de las mujeres en la actividad agroalimentaria y pesquera.

Entre otros datos que avalan la necesidad de las medidas propuestas, destacan la baja ocupación femenina en el sector agrario, con un 26 por ciento del total y un once por ciento entre las personas asalariadas que trabajan a jornada completa, y en el pesquero (cinco de cada 20 empleos).

Además, tan sólo el 30 por ciento de titulares de explotaciones agrarias son mujeres, proporción que baja al 13,7 por ciento en la ganadería.

Estas cifras contrastan con el hecho de que más de 2,24 millones de mujeres viven en la Andalucía rural, que concentra casi el 55 por ciento del total de habitantes de la comunidad autónoma.

En líneas generales, el diagnóstico subraya como principales problemas la masculinización y envejecimiento de la población rural, la falta de relevo generacional, la falta de oportunidades para las mujeres y su concentración en las posiciones inferiores de la jerarquía laboral, la mayor intensidad de los roles y estereotipos sexistas en la asignación de los trabajos y la falta de concienciación sobre estas desigualdades.

Integrantes de la comisión A la reunión constitutiva de la comisión de seguimiento del I Plan de Igualdad, que periódicamente irá evaluando su desarrollo y aplicación, asistieron representantes de todos los centros directivos de Agricultura, así como de Agapa e Ifapa; además, asistieron miembros del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, COAG, Asaja, UPA, entre otros.

Asimismo, asistieron integrantes de las Cooperativas Agroalimentarias, Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía, Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA), Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), CCOO, UGT y la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería de Agricultura.

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Continúa la formación de los GDR de Andalucía para potenciar la igualdad de género en los territorios rurales en el marco 2014-2020

EL GDR DE GUADIX VOLVIÓ A ACOGER UNA NUEVA JORNADA DEL PROCESO FORMATIVO QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL ORGANIZA CON EL OBJETIVO DE QUE LA GESTIÓN DEL NUEVO PROGRAMA 2014-2020 CONTRIBUYA A LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS TERRITORIOS RURALES.

Más de 40 personas pertenecientes a los equipos técnicos de los GDR de Andalucía Oriental asistían el lunes, 3 de julio, en la sede del GDR de Guadix a un curso de formación en igualdad de género.

La Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural organizaba en la sede del GDR de Guadix la tercera sesión del Proceso Formativo en Igualdad de Género dirigido a personal técnico y gerencial de los Grupos de Desarrollo Rural.

Este proceso formativo-incluido en la Medida 19 Desarrollo Local LEADER de Andalucía- tiene como finalidad contribuir a la mejora de las capacidades de los equipos técnicos de los GDR para una correcta gestión de los programas a implementar en cada una de las comarcas donde se aplicarán los mismos y que además dichos programas contribuyan al fomento de la igualdad de género en los territorios.

La formación en Igualdad de Género también contempla al tejido asociativo, pieza clave en este proceso. De tal forma que por la tarde, tocó el turno a las asociaciones de mujeres de Jaén, Almería, Córdoba y Granada.

Un día después, la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural convocaba a las asociaciones de mujeres rurales las provincias de Huelva, Málaga, Sevilla y Cádiz.

Una intensa actividad que concluyó esa misma tarde con el personal político de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía aprendiendo y compartiendo sobre la Igualdad de Género. “Para construir bien y de manera justa con mujeres y hombres, a veces hay que deconstruir lo aprendido de un sistema desigual. De eso se trata” afirman desde la Dirección General.

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El Ministerio de Agricultura hace público un documento de posición común ante la reforma de la PAC

LA FINANCIACIÓN DEL SEGUNDO PILAR TAN SOLO SUPONE EL 24% DE LOS FONDOS DEL CONJUNTO DE LA PAC Y QUE LOS OBJETIVOS A LOS QUE DEBE RESPONDER, TANTO LOS ANTERIORMENTE CITADOS, COMO LA PROPIA CALIDAD DE VIDA Y EL FUTURO DE LOS TERRITORIOS RURALES SON FUNDAMENTALES.

LA ESTRUCTURA ACTUAL DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL Y LA APLICACIÓN CONCRETA QUE HACEN TANTO EL MINISTERIO COMO LAS CCAA NO SE CORRESPONDE CON LOS RETOS SINO QUE SON TAN SOLO UNA EXTENSIÓN DEL PRIMER PILAR, SALVO ALGUNAS MEDIDAS MUY CONCRETAS. ES NECESARIO UN NUEVO MARCO FINANCIERO GENERAL PARA DARLE AMPLITUD Y RECORRIDO A ESTA POLÍTICA, CON UN DEBATE SOBRE LA COFINANCIACIÓN QUE EXIGE ACTUALMENTE Y UNA MAYOR AMPLITUD EN LAS MEDIDAS A CONSIDERAR.

El pasado día 18 de mayo, el MAPAMA hizo público el borrador del documento de Posición Común en relación a la iniciativa de modernización y simplificación de la PAC. Este documento se hace público dos meses después de la celebración de las Jornadas sobre el Futuro de la Reforma de la PAC organizadas por el Ministerio y en las que participaron todas las Comunidades Autónomas así como representantes de organizaciones agrarias, ecologistas y económicas del sector.

El documento hecho público se estructura en siete bloques y aunque contiene principios básicos, algunos de ellos interesantes de cara a las futuras negociaciones, lo que llama poderosamente la atención, son los silencios y las ausencias en el texto respecto a las cuestiones más injustas y críticas de la actual Política Agraria Común. Devolver la legitimidad social a la PAC es urgente, y ello requiere una reforma profunda y no un mero maquillaje.Necesitamos urgentemente otra PAC

La Política Agraria Común que supone; el 38% del presupuesto comunitario, un monto económico para España de 44.000 millones de euros para todo el periodo, y supone el 80% del presupuesto del Ministerio y de las CCAA, exige un debate social amplio y profundo y no jornadas y reuniones de alto nivel. La diferencia con respecto a otros procesos de reforma es que en este momento existe una amplia red de organizaciones, movimientos y grupos, con perfiles muy distintos y con posiciones también distintas, pero que quieren que la futura reforma de la PAC sea sometida a debate y control tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

En relación al carácter horizontal de la PAC, consideramos esencial que se refuerce el logro de los objetivos incluidos en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la UE, y estando de acuerdo que la equiparación del nivel de la renta agraria es imprescindible, en este momento, sabemos que para ello es preciso abordar de manera firme el objetivo de la “estabilización de mercados”. El documento no hace mención a los principios de la PAC, como el de “preferencia comunitaria” que deberían ser de nuevo redimensionados en un contexto de liberalización comercial que amenaza constantemente el futuro del sector y el cumplimiento de los dos objetivos anteriores. Pero además, el sistema agroalimentario, responsable del 18% de los gases efecto invernadero, debe dotarse de una política claramente orientada a frenar el cambio climático y a favorecer la adaptación a este nuevo contexto y este debe ser un objetivo esencial para la futura PAC y no un simple ejercicio de verdeo.

El problema central es que el documento de posición común ni define, ni apuesta por un modelo de producción agraria y ganadera, y por lo tanto sirve tanto para defender a las pequeñas y medianas explotaciones lecheras de la cornisa cantábrica que para defender el Proyecto de la Macrogranja de Noviercas. Soria. Esta ausencia hace que el documento obvie cualquier mención a criterios de justicia o sostenibilidad en la articulación de la PAC y en la distribución de los pagos.

En un contexto de fuerte rechazo del sector agropecuario a las negociaciones de los acuerdos de liberalización comercial como el CETA o el TTIP, y habida cuenta del secuestro democrático que suponen estas negociaciones, nos parece inaudito que el documento de posición común simplemente se limite a plantear la necesidad de elaborar estudios de impacto sobre sectores vulnerables, cuando este condicionante debería ser básico y exigible de manera automática antes de iniciar cualquier proceso de negociación.

Pero además, la futura PAC deberá caminar hacia una política alimentariaque deberá atender a las demandas crecientes de consumidores y consumidoras cada vez más consciente sobre cuestiones sociales, ambientales y relacionadas con la salud., y esto debería estar integrado como objetivo-

Nos preocupa especialmente la ausencia de reflexión y ambición en el bloque relacionado con los pagos directos. Siendo una herramienta legítima e imprescindible para el desarrollo de la PAC, y estando de acuerdo que son las personas que viven y trabajan directamente en el sector las que deben ser las perceptoras de las ayudas, no se hace ninguna mención al hecho de que los pagos directos, son una herramienta legítima socialmente, siempre que su distribución se haga de manera comprensible para la sociedad, y desde luego con criterios de justicia social, ecológica y geográfica. En este sentido, no podemos estar de acuerdo con una ayuda desacoplada construida sobre derechos históricos que no se corresponden en muchos casos con la realidad de la estructura productiva y que hace que simplemente “Quien más tierra tiene, más derechos acumula y por lo tanto más dinero cobra”. Existen voces sociales y autorizadas que empiezan a plantear la necesidad de que las ayudas estén vinculadas también al cumplimiento de objetivos y existen instrumentos ya probados como los contratos territoriales que podrían ser explorados.

En relación a los bloques relacionados con el enfoque de cadena y la red de seguridad, el documento plantea algunas cuestiones previas evidentes, sin embargo, es preocupante que finalmente parece que son los agricultores y ganaderos los que deben adquirir mayor capacidad y conocimiento sobre el funcionamiento de los mercados para hacer frente a la volatilidad de los precios, algo que por efecto de las políticas de liberalización en el sector se ha hecho estructural. Hay tres elementos clave que deben considerarse. El primero, que en el marco del sector primario, el derecho a la competencia debe quedar excepcionado simplemente porque los alimentos son un derecho y no una mercancía. El segundo, que es urgente introducir mecanismos de transparencia, regulación y justicia en la cadena alimentaria pero no solo, sino también en la configuración de los precios, y tercero, que las crisis acumuladas y estructurales como la del sector lácteo, la provocada por el veto ruso, o la que se avecina con el sector de la remolacha muestran que es imprescindible arbitrar instrumentos de control de la oferta. Por todo ello, y tal como levantan algunas voces, sería el momento de crear un tercer pilar de la PAC que sobre el principio de preferencia comunitaria y los objetivos de estabilidad de mercados y equilibrio de rentas, articulara una política integral y coherente con los retos que evidentes.

Por último, leyendo los párrafos dedicados al Desarrollo Rural, y al margen de las referencias interesantes al cambio climático, la economía circular y la bioeconomía, sin embargo, un documento de este tipo debería empezar por plantear posiciones más claras y generales en relación al conjunto del segundo pilar de la PAC. Recordar que hoy por hoy la financiación del Segundo Pilar tan solo supone el 24% de los fondos del conjunto de la PAC y que los objetivos a los que debe responder, tanto los anteriormente citados, como la propia calidad de vida y el futuro de los territorios rurales son fundamentales. La estructura actual de la Política de Desarrollo Rural y la aplicación concreta que hacen tanto el Ministerio como las CCAA no se corresponde con los retos sino que son tan solo una extensión del Primer Pilar, salvo algunas medidas muy concretas. Es necesario un nuevo marco financiero general para darle amplitud y recorrido a esta política, con un debate sobre la cofinanciación que exige actualmente y una mayor amplitud en las medidas a considerar.

En definitiva, El Documento de Posición Común que tenemos sobre la mesa genera frustración por lo que supone de continuismo y de falto de ideas innovadoras, y nos plantea un escenario en el que como parece ser la tónica general, reformar para que nada se mueva. Precisamente este inmovilismo es lo que acabará matando un sector agrario y ganadero familiar, social y sostenible apoyado sobre el mayor número de unidades de producción pequeñas y medianas que defendemos.

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La Red Rural Nacional acuerda potenciar la participación de las personas implicadas en el desarrollo rural

La directora general de Desarrollo Rural del Ministerio, Esperanza Orellana, presidió ayer la reunión del Comité Ejecutivo de la Red Rural Nacional (RRN), órgano que representa a todos los miembros de la Asamblea de la Red Rural Nacional, en cuyo marco se ha decidido potenciar la forma de gobernanza para incrementar la participación de las personas implicadas en el desarrollo rural.

En esta reunión, que se celebra semestralmente para mejorar y agilizar la toma de decisiones de la RRN, se ha presentado el Plan anual de actuaciones para 2017, que ha sido elaborado de acuerdo con las propuestas y sugerencias de los miembros de la Red.

Entre las propuestas destacan las celebración de jornadas y talleres sobre la importancia del papel de las mujeres en el desarrollo rural, que se llevarán a cabo en diversos puntos de España, otras destinadas a la promoción y difusión de los grupos operativos creados en el marco de Asociación Europea para la Innovación en materia de agricultura productiva y sostenible, y sobre el problema del despoblamiento del medio rural y las iniciativas para revertirlo.

En el Comité Ejecutivo se han tratado otros asuntos como la valoración de las nuevas solicitudes de ingreso en la RRN y los resultados que van obteniendo los diferentes grupos de trabajo.

Por último se ha presentado el informe de evaluación a posteriori del Programa de la Red Rural Nacional 2007­2013, que proporciona una visión del trabajo de la RRN durante el periodo de programación pasado.

A la reunión han asistido los nuevos miembros que forman parte del
Comité Ejecutivo durante los próximos 12 meses, ya que este órgano de gobernanza se renueva anualmente

RED RURAL NACIONAL

La RRN es una plataforma integradora de los diferentes sectores económicos y sociales que actúan en el medio rural, en la que están integradas unas 120 organizaciones e instituciones que representan a las administraciones (general, autonómica y local), organizaciones profesionales agrarias, asociaciones patronales, sindicales, profesionales, ambientales y de mujeres, entre otros.

La finalidad de esta Red es articular un escenario común con todas las personas, organizaciones e instituciones implicadas en el desarrollo del medio rural en España y actuar como herramienta de transmisión y de dinamización de las actuaciones que intentan aumentar la calidad de vida.

Entre los objetivos prioritarios de la RRN se contempla también el incremento de la comunicación de las políticas de desarrollo rural que se llevan a cabo en España y la difusión de los proyectos e iniciativas que se están poniendo en marcha en el territorio.

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