¿Cómo viven las mujeres del mundo rural?

Las mujeres que viven en pueblos sufren una doble discriminación, por serlo y por vivir en un entorno con menos oportunidades. Son seis millones de mujeres en España pero a pesar de estar más formadas que los hombres sufren en mayor medida el desempleo y se ven forzadas a abandonar el sitio en el que nacen para buscar ofertas laborales en las grandes ciudades. Otras, en cambio, eligen mudarse al pueblo a pesar de esas enormes dificultades. ¿Por qué lo hacen? Nos lo cuenta la protagonista del siguiente reportaje.

 

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El desarrollo local y territorial, ante una oportunidad histórica para ser actores clave en la Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los días 26 y 27 de febrero del 2019, representantes de gobiernos nacionales, instituciones y locales, sociedad civil, instituciones académicas, asociaciones de gobiernos locales y regionales, agencias de desarrollo empresarial y las Naciones Unidas se reunieron en Sevilla, España, para reflexionar sobre las implicaciones y las diferentes vías que permitan acelerar y amplíen el enfoque local de la Agenda 2030 y la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que se han comprometido 193 países, incluido España.

Al término del encuentro los participantes del evento, representantes de autoridades nacionales, regionales y locales y de la sociedad civil aprobaron una declaración política en la que se destaca la necesidad de implicar a las autoridades regionales y locales en la aplicación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, conocida como el Compromiso de Sevilla o Seville Commitment (enlace al documento).

¿Por qué son los Grupos de Desarrollo Rural candidatos ideales para impulsar los ODS?

Ante el nuevo período de programación europeo, aún no definido y marcado por el retraso en su diseño y ejecución, los territorios rurales se encuentran ante una ocasión única para tomar parte en la consecución de los ODS. En primer lugar, los Grupos de Acción Local podrían incluir estos objetivos en sus futuras Estrategias de Desarrollo Local. Por otra parte, el hecho de que no existan experiencias piloto supone una oportunidad para alzarse como candidatos perfectos a desarrollar proyectos e iniciativas enmarcadas en la Agenda 2030.

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El cuidado del medio ambiente, una solución para la despoblación del interior

“Nos comparan con Laponia, pero Laponia tiene la población fija mientras que algunos de nuestros municipios siguen perdiendo población”. Un problema, el de la despoblación, que para Manuel Civera, presidente del Consorcio Valencia Interior y alcalde de Llíria, solo se puede solucionar con la implicación de todas las administraciones, locales, provinciales, autonómicas y nacionales.

El Consorcio Valencia Interior está compuesto por 61 municipios de cinco comarcas del interior de la provincia, algunos de ellos con unas tasas de densidad de población de menos de 25 habitantes por kilómetro cuadrado (en las comarcas de Serranos, la Plana de Utiel, el Rincón de Ademuz y la Hoya de Buñol). Estas cifras se sitúan muy lejos de la media de la provincia (239 h/km2); de España, (93/km2) o de la Unión Europea (113h/km2). Por eso, incentivar la llegada de personas a estos municipios se ha convertido en una necesidad. Y desde el Consorcio consideran que ese incentivo llega de la mano del medio ambiente. “A los jóvenes les interesa mucho los temas medioambientales e innovadores. Por ello nosotros hemos apostado por esos aspectos, a través de una gestión de residuos eficaz y una planta de tratamiento modélica. Ahora es el momento de ponerlo en valor”, afirma Manuel Civera.

Para ello ha organizado unas jornadas sobre ‘El papel de las Políticas Ambientales y de Bienestar Social en la lucha contra la despoblación’, el miércoles 27 de febrero en Marines, para exponer su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible contra el cambio climático y analizar el papel de esas políticas en la lucha contra el fenómeno de la despoblación en las zonas de interior de la provincia de Valencia.

La pérdida de población de las zonas de interior, además de provocar un grave problema de desequilibrio socioterritorial, compromete también las cuentas públicas –encarecimiento de los costes de prestación de servicios públicos y sostenimiento de infraestructuras-, y supone una pérdida de potenciales activos de riqueza por el desaprovechamiento de recursos endógenos. “El que hayan conformado asistencia representación al mas alto nivel autonómico y nacional es una buena noticia, porque necesitamos la implicación del resto de administraciones para mitigar el problema de la despoblación y para que nos apoyen en este compromiso con el medio ambiente”.

Además, también contarán con la presencia de expertos como Francisco Burillo, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza y promotor de Serranía Celtiberia, Lucía Martínez, del grupo GESINN de la Universitat de València, Federico Buyolo, director de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030 o Francisco Boya, presidente de la Asociación Española de Municipios de Montaña (Es Montañas), entre otros.

Planta de valorización de Lliría
Ese compromiso se sustenta en un principio, quién contamina paga, y en una realidad, el mundo rural es quién con más rigor aplica los objetivos contra el cambio climático. Como resultado, se ha puesto en marcha la planta de valorización de Lliría, que gestiona los residuos de estos 61 municipios, que suponen el 50% de la provincia de Valencia y que generan cerca de 120.000 toneladas de residuos urbanos al año. “Son unas instalaciones modélicas, que se han puesto en marcha con la aportación de los vecinos, sin subvenciones, donde se lleva a cabo una gestión transparente y donde cada municipio paga según las toneladas de residuos que genera”, explica el presidente del Consorcio.

Unas instalaciones donde se ha conseguido valorizar y reciclar el 90% del material reciclable que reciben, “además convive perfectamente con la agricultura, no genera malos olores, el 100% del agua limpia se reutiliza y casi no generamos emisiones a la atmósfera. Con ello hemos conseguido anticiparnos a los objetivos de la Directiva europea 20-20-20 de eficiencia energética y estamos encaminándonos al objetivo de residuos cero y de energía asequible y no contaminante de la Agenda 2030”.

Objetivo, ser sumideros de carbono
Durante la jornada se analizará lo que se ha conseguido y las pautas y medidas que se pueden tomar para continuar reduciendo emisiones “y convertirnos en sumideros de carbono, es decir, una zona que absorbe y captura el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera, reduciendo así su concentración en el aire. Con esta planta y una mejor gestión de nuestros bosques podemos conseguirlo y así atraer las inversiones de empresas en proyectos de compensación a nuestro territorio”.

Manuel Civera resalta un dato. Uno de los riesgos de emisiones más importantes son los incendios forestales, ya que un incendio genera más emisiones que la actividad humana de un año. “Hay que minimizar el riesgo”. Para ello están trabajando en aprovechar el biocombustible que se obtiene de los bosques de estas comarcas. Así, se reduce la dependencia de los combustibles fósiles y se apuesta por el biocombustible, mucho más ecológico y además se consigue un ahorro económico que se puede invertir en otros proyectos. “Por ejemplo, en la planta de Lliría se tratan 20.000 toneladas de podas de jardinería. La décima parte de ese residuo podría servir para climatizar todas las instalaciones públicas de un municipio como Lliría. Estamos estudiando como aprovecharlo y el dinero que genere el ahorro se invertiría en empleo verde para la gestión de los bosques”.

Además de la planta de Lliría, desde los municipios que conforman el Consorcio se está apostando por la innovación en medio ambiente. Sobre todo para dotar a las localidades más pequeñas de herramientas para dimensionar bien y reducir las principales emisiones fósiles, así como para gestionar con los recursos a su alcance y hacer una labor de concienciación para que cambien los hábitos ciudadanos. “Pero acompañado de esa apuesta tiene que mejorar los servicios y las políticas de bienestar, con una red de asistencia adecuada, reducir la brecha tecnología… y ese es el segundo eje de las jornadas, las políticas de bienestar social”, apunta Manuel Civera.

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El 17,5% del consumo final de energía en la UE proviene de fuentes renovables

Según el último informe de Eurostat, en 2017 la cuota de consumo de energías renovables ha ascendido a un 17,5% en comparación con el 17% en 2016 y el 8,5% en 2004. La cuota de energía proveniente de fuentes renovables en el consumo de energía final es uno de los indicadores principales de la estrategia Europa 2020. El objetivo de la UE es alcanzar una cuota de energías renovables equivalente al 20% de consumo final de energía para 2020 y como mínimo un 32% para 2030. En 2017, la cuota de energías renovables ha sido del 17,5%, superior a la de 2016 (17%) y muy superior a la 2004 (8,5%), el primer año del que existen datos.

Además del objetivo global de la UE, cada Estado miembro tiene su propio plan nacional de acción con un objetivo específico a alcanzar en 2020. Estas metas nacionales tienen en cuenta los puntos de partida de cada estado, el potencial para el uso de energías renovables y el rendimiento económico.

Conforme a Eurostat, once Estados miembros ya han alcanzado sus objetivos de 2020, a saber: Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Croacia, Italia, Lituania, Hungría, Rumanía, Finlandia y Suecia. Por su parte, Letonia y Austria están a un punto porcentual de alcanzar su objetivo. Por la cola, Países Bajos, Francia, Irlanda, Reino Unido, Luxemburgo, Polonia y Bélgica son los países que están más lejos de alcanzar sus objetivos nacionales.

En el caso de España, la cuota de energía proveniente de fuentes renovables se ha registrado en un 17,5% coincidiendo con la media de la UE y a 2,5 puntos porcentuales de alcanzar el objetivo para 2020 (20% de cuota).

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El Parlamento Europeo aprueba que la despoblación sea un criterio para repartir los fondos de cohesión

El Parlamento Europeo ha aprobado que la despoblación se convierta en un criterio a la hora de repartir los fondos de cohesión del periodo 2021-2027. Este acuerdo se produjo después de varias enmiendas lideradas por los eurodiputados españoles José Luis Valcárcel (Partido Popular) e Iratxe García (PSOE).

En el texto aprobado se ha introducido que los retos demográficos y las necesidades específicas de las áreas y regiones más afectadas por el cambio demográfico se conviertan en una prioridad. “La cohesión ha sido, es y será una de las políticas fundamentales para la UE, ya que es una herramienta fundamental para conseguir la igualdad de oportunidades de los europeos con independencia del territorio en el que vivan”, defendió la eurodiputada socialista.

Iratxe García valoró de forma “muy positiva” el resultado de la votación. “El hecho de haber logrado que todos los fondos estructurales deban de tener en cuenta medidas para favorecer la lucha contra la despoblación es el elemento que nosotros consideramos más importante”, aseguró en declaraciones a Ical.

Durante el debate de esta mañana en la Eurocámara, la representante socialista también recordó la problemática de Castilla y León, “una de las regiones que más población pierde en toda Europa y una de las mas envejecidas. Necesitamos una política de cohesión que sea capaz de fijar población, de dar oportunidades a las mujeres jóvenes, de no resignarnos a crear desiertos de población en Europa”, advirtió.

Además, las regiones menos desarrolladas seguirán beneficiándose de un apoyo de la UE con tasas de cofinanciación del 85 por ciento -en lugar de un 70 por ciento como propone Bruselas-, y una cuota superior al 60 por ciento para los Fondos de Desarrollo Regional. ” Se trata de un logro pionero, pues el reto demográfico nunca antes había estado reconocido en la legislación europea que regula el uso de los fondos”, se felicitó Ramón Luis Valcárcel. Por ello, el popular definió la votación como “la más importante de la legislatura en lo que se refiere a fondos regionales y de cohesión”.

El nuevo reglamento aprobado por la Eurocámara que regirán el gasto de las regiones, de los fondos de cohesión y social en el periodo 2021-2027 busca mantener el nivel de inversión y aumentar el apoyo a las zonas menos desarrolladas. Además se tendrán en cuenta muchos más criterios en el reparto al margen del PIB, que aunque sigue siendo el principal criterio, se ha introducido los problemas de la despoblación, así como la tasa de desempleo juvenil o el cambio climático. La inversión de los fondos deberán centrarse de forma prioritaria a la innovación, a las pymes o a la transición energética.

Por otra parte, en la votación de hoy sí se rechazó que los fondos de cohesión puedan retirarse a aquellos países que no cumplen con las normas económicas, por ejemplo, cuando tengan un déficit superior al 3 por ciento. Algo que actualmente en las normas sí se contempla y fue la razón por la que España en 2016 casi es multada por incumplir reiteradamente sus objetivos de déficit, aunque Bruselas finalmente rechazó la sanción.

Asimismo, los eurodiputados insistieron en que se mantenga la inversión a las regiones en el nivel actual, con 378,1 millones de euros (si se tienen en cuenta los precios de 2018) es decir, un 14 por ciento de lo que propone la Comisión Europea. Tras la votación de hoy, ahora el Parlamento Europeo y los Estados miembros deberán negociar para cerrar un acuerdo final.

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