Los auditores de la UE han analizado la asignación del presupuesto de la política de cohesión europea para el período posterior a 2020

Un nuevo análisis rápido de casos publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo estudia el proceso de determinación del importe de financiación de cohesión disponible para los países de la UE en el plan de gasto para el próximo período de siete años. «Este año es de vital importancia para el presupuesto de la Unión Europea del próximo período de siete años.

Es esencial que todas las partes interesadas tomen decisiones con conocimiento de causa para que la política de cohesión sea aún más eficaz con un presupuesto reducido», señaló Iliana Ivanova, Miembro del Tribunal responsable del análisis. «En este contexto, nuestro análisis explica de manera accesible el complicado proceso de asignación de fondos de la política de cohesión a los Estados miembros. Esperamos que ello contribuya a estimular un diálogo constructivo sobre estas cuestiones». El análisis rápido de casos ofrece una visión general del modo en que la UE asigna fondos a su política de cohesión, concebida para reducir las diferencias entre las regiones europeas ricas y pobres, a los distintos Estados miembros y regiones.

Compara los importes propuestos para el período 2021-2027 con los correspondientes al período anterior, 2014-2020 y presenta ejemplos del modo en que funcionan los cálculos efectuados en el proceso. La Comisión Europea ha propuesto un presupuesto de la UE para 2021-2027 de 1,279 billones de euros, de los que 373 000 millones de euros se destinarán al gasto de cohesión, lo que representa un 10 % menos que en el período anterior. El proceso es muy similar al de períodos anteriores. Aunque la Comisión ha sido más transparente que en el pasado, el proceso sigue siendo relativamente complicado.

Determinar qué proporción del presupuesto total de la UE debe destinarse al ámbito de cohesión es esencialmente una decisión política. En la siguiente fase, la Comisión asigna fondos de la política de cohesión (del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo Plus y el Fondo de Cohesión) a los Estados miembros y regiones con arreglo a una serie de procesos metodológicos. La mayor parte de la financiación es asignada a los países y regiones en función de su riqueza relativa.

Estos también pueden beneficiarse de los fondos con arreglo a factores socioeconómicos y medioambientales, como sus niveles de desempleo juvenil o de estudios completados. Según los auditores, por primera vez, se incluyen factores como la migración o las emisiones de gases de efecto invernadero, pero su efecto es limitado. Para el período 2021-2027, los niveles de financiación de cohesión propuestos para los distintos países también se han modificado por el hecho de que numerosas regiones y algunos países han pasado a ser más ricos o más pobres con respecto al período anterior. Sin embargo, el máximo de fondos de cohesión que un país puede recibir es un 8 % más que durante el período 2014-2020, y el mínimo, un 24 % menos. Estos límites y redes de seguridad garantizan que el importe asignado a un país no varíe demasiado de un período de siete años al siguiente. Las propuestas de la Comisión para el próximo período de programación contienen, por primera vez, importes por Estado miembro. Según estas propuestas, siete países recibirían más financiación de cohesión y seis obtendrían la misma cuantía, mientras que catorce recibirían menos financiación. Como en períodos anteriores, tres cuartas partes de los fondos se asignan a regiones más pobres y menos desarrolladas. Los importes iniciales asignados son objeto de negociaciones posteriores en las que participan las instituciones y los Estados miembros de la UE. Nota destinada a las redacciones Se espera que el Parlamento Europeo y el Consejo decidan sobre los importes propuestos de financiación de cohesión por Estado miembro en los próximos doce meses. El análisis del Tribunal excluye toda consideración relativa al Brexit. El análisis rápido de casos del Tribunal de Cuentas Europeo «Asignación de fondos de la política de cohesión a los Estados miembros para el período 2021-2017» puede consultarse en el sitio web del Tribunal en 23 lenguas de la UE.

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La despoblación duplica el coste de los servicios públicos básicos

La despoblación, que suele ir acompañada de envejecimiento demográfico, llega a duplicar el coste de servicios públicos básicos como la Educación y encarece considerablemente las prestaciones sanitarias. Aragón, por ejemplo, ha echado cuentas y calcula que su alta tasa de envejecimiento le provoca un gasto farmacéutico un 10% superior a la media española -en esta Comunidad, el 21% del censo tiene más de 65 años, mientras que en el conjunto de España no llega al 19%-. Pero donde más llegan a notarse esos sobrecostes es en la enseñanza. Así lo indican los cálculos que también ha realizado Aragón. Según los datos de este Gobierno regional, el coste medio de un alumno en una escuela urbana es más del doble que en una rural: 3.000 euros en una ciudad, frente a los alrededor de 8.000 en la escuela rural. Aragón tiene casi medio centenar de escuelas rurales que no pasan de seis alumnos, y algunas se mantienen solo con tres.

Datos como estos constan en el argumentario de los seis gobiernos regionales -tres del PP y otros tres del PSOE- que se han unido para exigir un nuevo modelo de financiación autonómica que «haga justicia» con sus regiones, a las que -insisten- les sale mucho más caro costear los servicios sanitarios, educativos y de asistencia social porque son territorios extensos, con población escasa, dispersa y envejecida.

Este frente común lo sellaron ayer en Zaragoza el presidente aragonés Javier Lambán (PSOE), el gallego Alberto Núñez Feijóo (PP), el asturiano Javier Fernández (PSOE), el riojano José Ignacio Ceniceros (PP); el castellano-manchego Emiliano García-Page (PSOE); y el castellano y leonés Juan Vicente Herrera (PP). Los seis incidieron en que lo que reclaman es, en sentido estricto, cumplir con un principio esencial recogido en la Constitución: la igualdad de todos los ciudadanos, que todos tienen derecho a acceder a los mismos servicios públicos vivan donde vivan, y que eso ha de sostenerse económicamente con fórmulas de solidaridad interterritorial. Para que eso sea una realidad y no una declaración de buenas intenciones, estos seis presidentes autonómicos insisten en que el Estado debe revisar en profundidad el modelo de financiación autonómica, negociarlo de forma multilateral -sin privilegios bilaterales con autonomías concretas, caso de Cataluña-, y reconociendo el coste real de los servicios públicos, que no es el mismo en todas las regiones -por las diferencias demográficas-.

La exigencia la lanzaron ayer en alta voz desde Zaragoza. Y el destinatario de la reclamación fue el Gobierno central. La de ayer fue, también, una advertencia al presidente Pedro Sánchez ante cualquier tentación de premiar a Cataluña en un futuro modelo de financiación.

Dinero y despoblación

En nombre de los seis presidentes autonómicos reunidos ayer en Zaragoza, Javier Lambán dejó claro que la alianza que han sellado responde precisamente a la necesidad de hacerse fuertes ante la negociación del nuevo modelo de financiación. Por separado -indicó- estas regiones tienen pocos habitantes, y eso las coloca en política desventaja frente a otros territorios que tienen más peso, porque son capaces de influir o incluso de condicionar la gobernabilidad de España. Estos seis presidentes autonómicos recordaron ayer que, pese a sumar solo el 21% de la población española, sus regiones suponen el 52% del territorio nacional y concentran a la mayoría de ayuntamientos del país -para los que también reclamaron mejor financiación-. Por eso, subrayan que la despoblación y el envejecimiento demográfico que azota a estas regiones es fundamental para el conjunto de España, y que no se puede luchar contra ese problema sin una financiación adecuada, tanto desde el Estado como desde la UE. «O hay cohesión o no hay nación», advirtió ayer Gacía-Page.

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Comienza la redacción del Estatuto de la Mujer Rural

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, impulsará un Estatuto de la Mujer Rural para feminizar sectores productivos donde la presencia de la mujer está reducida como el agrícola y el pesquero.

Según indicó la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en el Parlamento, la Junta entiende que es “muy importante trabajar en un Estatuto de la Mujer Rural, como ya tienen el País Vasco o Castilla La Mancha, entre otras medidas de fomento de la iniciativa femenina en el primer sector”.

En ese sentido, según recoge el análisis del Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en la actividad agroalimentaria y pesquera en el Horizonte 2020, sólo un 25,5% de mujeres trabajan en el sector agrícola y sólo el 23% son empresarias. En las explotaciones agrarias, sólo un 11,16% de las mujeres es asalariada fija a tiempo completo. Y la presencia en los consejos rectores es muy escasa (3,8% en primer grado). En el sector pesquero, la presencia de la mujer en el trabajo en los buques se reduce al 9,5% y al 10,9% en la acuicultura, frente al 51,6% en la industria de transformación. Con estos indicadores, en un sector “masculinizado y envejecido”, la Consejería está siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea para revertir la situación.

No obstante, los principales resultados de la aplicación de dicho plan han sido conseguir que las mujeres participen cada vez más como docentes y alumnas; el impulso a la entrada en el mercado de trabajo agrario y pesquero incorporando criterios de valoración que priorizan a las mujeres; propiciar la participación en la actividad de la Consejería; apoyar el movimiento asociativo y las redes de mujeres; la modificación de las bases reguladoras de las ayudas del sector pesquero; fomentar la presencia y participación de las mujeres en los órganos de decisión; incorporación de la mujer en la interlocución con la Consejería; inclusión de la perspectiva de género en los procedimiento o la formación del personal en materia de igualdad, entre otras medidas.

En ese sentido, la Junta considera fundamental seguir trabajando en lograr una mayor sensibilización del personal, la mejora de los indicadores de género del presupuesto o la incorporación de cláusulas de igualdad en contratos y convenios. La Consejería trabajará en la representación equilibrada en los órganos colegiados y se incorporarán criterios de igualdad de género en las bases reguladoras de las ayudas. De igual modo, en breve se convocará la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad para realizar un profundo análisis de los criterios de igualdad de género en las bases reguladoras de las ayudas Feader y Femp.

Así, según anunció esta misma semana la consejera, la Junta está trabajando para hacer más atractiva la titularidad compartida de las explotaciones, que en Andalucía avanza muy lentamente en comparación con otras comunidades autónomas. “En la actualidad hay 47 solicitudes de titularidad compartida de explotaciones agrarias y es fundamental que tengan un reconocimiento público y fiscal”, aseguró Crespo.

De forma paralela, la Consejería elaborará una manual sobre cómo incorporar la perspectiva de género en todas sus actividades y trabaja en la organización de jornadas formativas para conocer fórmulas que faciliten la posibilidad de financiación de proyectos emprendidos por mujeres por parte de entidades financieras.

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Agricultura trabajará para reducir los trámites burocráticos actuales en al menos un 20%

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha afirmado que el Gobierno andaluz trabajará en el marco de la mesa de trabajo para la simplificación de trámites administrativos con el fin de eliminar al menos el 20% de las trabas burocráticas existentes en la actualidad. De esta forma se persigue avanzar en la agilización de las próximas órdenes de ayudas que, como ha resaltado Crespo, tienen que llegar al agricultor, al ganadero, al sector agroindustrial y medioambiental.

El objetivo, como ha puesto de manifiesto la consejera, es intentar que “todo lo que se hacía en un año y medio pueda tener salida en seis meses”, y ha añadido que “a pesar de las dificultades ya se han conseguido aflorar muchos recursos económicos” relativos a pagos de distintas líneas del anterior Gobierno. En concreto, la reunión previa a la constitución de la mesa de trabajo celebrada a finales del pasado mes de febrero, concluyó que existían pagos retrasados relativos a subvenciones de 2015 y 2016 y cuya tramitación ya se está desbloqueando.
Carmen Crespo ha presidido en Sevilla una de las primeras reuniones de la mesa de simplificación, que se incluye en el Plan estratégico para la mejora de la competitividad en el sector agrícola, ganadero, pesquero y del desarrollo rural, a la que se sumarán otras citas previstas con agentes de todos los sectores. Esta ronda de encuentros tiene como finalidad garantizar el establecimiento de un contacto directo con los profesionales del sector agrícola, ganadero, pesquero, comercializador, agroindustrial y medioambiental que podrán beneficiarse de los avances que logre la mesa.
En concreto, la reunión de trabajo celebrada hoy ha contado con la participación de representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias (Asaja, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, y ha servido para que los técnicos de la Administración andaluza puedan conocer de primera mano la opinión de los profesionales sobre las trabas burocráticas actuales que se encuentran los ciudadanos y cómo mejorar la situación.

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La Eurocámara aprueba el informe que obligará a destinar el 5% de los fondos FEDER a luchar contra la despoblación

El Parlamento Europeo aprobó hoy el informe que fija su posición sobre el nuevo Reglamento del FEDER y del Fondo de Cohesión. Dicho informe, cuyo ponente en nombre del Partido Popular Europeo ha sido Ramón Luis Valcárcel, Vicepresidente de la institución y eurodiputado del PP, avala que las regiones afectadas por desafíos demográficos reciban más fondos europeos para afrontarlos.

En concreto, según explicó Valcárcel, “hemos logrado no sólo que se reconozca la lucha contra la despoblación como una prioridad a nivel europeo, sino también blindar recursos presupuestarios para que no haya excusa y tenga que pasarse, sí o sí, del dicho al hecho”.

El europarlamentario murciano hizo referencia así a la introducción de un “porcentaje mínimo, del 5% de los fondos FEDER, que tendrá que ir obligatoriamente a estimular el desarrollo integrado en áreas no urbanas con desafíos demográficos, naturales o geográficos”.

“Esto significa que al menos un 5% de la financiación europea para el desarrollo rural y la cohesión deberá utilizarse para combatir la despoblación”, concretó Valcárcel, añadiendo que “esto será enormemente beneficioso para regiones españolas como Castilla y León, Aragón, Galicia, La Rioja, Castilla-La Mancha o Extremadura”.

Interviniendo ayer ante el pleno de Estrasburgo, Valcárcel ya adelantó que el informe reflejaba “perfectamente la apuesta del PP por una primavera demográfica que frene la despoblación y consolide un sistema de bienestar basado en la libertad, las oportunidades y la igualdad de todas las familias, independientemente de dónde vivan o los recursos que posean”.

“Las intensas jornadas de negociación de los últimos meses han dado sus frutos y todas nuestras propuestas han sido incluidas en el texto final”, se congratuló el político murciano.

Como explicó por otro lado, “fijar población en el entorno rural pasa por garantizar que quienes deseen construir su proyecto de vida en el campo, puedan hacerlo”. En este sentido dijo que “las prioridades están claras: facilidades a la inversión, mejora de los servicios públicos, ayudas a la maternidad y empoderamiento digital”.

En relación a este último punto, Valcárcel informó también de que “del umbral del 5% acordado, al menos un 17,5% deberá destinarse a impulsar los llamados ‘pueblos inteligentes’, lo que potenciará la competitividad de las economías rurales, conectándolas mejor con el mundo globalizado y facilitando la comercialización y exportación de productos locales”.

Asimismo, el eurodiputado del PP recordó que “en el informe hemos conseguido introducir un nuevo Artículo 10 que recoge la problemática de la despoblación”. Como ya explicó, “se trata de un punto totalmente nuevo, pionero dentro de la legislación europea, que implica no sólo incluir el reto demográfico como objetivo específico para que las regiones afectadas puedan beneficiarse más de los fondos, sino también desarrollar el criterio LAU, adicional a NUTS, que recoge mejor la realidad de la dispersión y la pérdida de población”.

Por otro lado, a lo largo de la negociación Valcárcel también logró incorporar, como objetivos específicos en el Artículo 2, “la ayuda europea para las catástrofes naturales que pueden tener mayor incidencia en España (terremotos, incendios, inundaciones, sequías…)”, lo que significa que “habrá más fondos disponibles para lidiar con sus consecuencias”, indicó.

Otros puntos importantes del documento aprobado hoy son “la inclusión del apoyo a los procesos de transformación hacia la descarbonización y el reconocimiento firme de la singularidad de las Regiones Ultraperiféricas, como nuestras Islas Canarias”.

Como declaró Valcárcel -que a lo largo de los últimos cinco años ha ejercido como portavoz del PP en la Comisión de Desarrollo Regional de la Eurocámara-, “en la próxima legislatura será clave continuar por la senda que lleva a que se pueda combatir la despoblación con financiación europea”. “Las primeras piedras ya las hemos dejado puestas”, concluyó.

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