El trabajo, las innovaciones y los logros empresariales que llevan a cabo las mujeres rurales son absolutamente imprescindibles para el progreso y la viabilidad de las zonas rurales en el futuro. Las mujeres que participan en actividades empresariales o comunidades rurales necesitan un mayor reconocimiento de su papel, además del apoyo específico de los programas de desarrollo rural (PDR).
Maura Farrell, directora de sostenibilidad rural en la Universidad Nacional de Irlanda y socia de investigación de la Red Rural Nacional de Irlanda; y Marta Rosa, asesora en materia de políticas en el Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas (Copa), la voz unida de los agricultores y sus cooperativas en la UE, son las autoras de este artículo, "Apoyo a la contribución de las mujeres en las zonas rurales", aparecido en la revista ‘Rural Connections' de ENRD y que reproducimos a continuación.
El papel de las mujeres en las zonas rurales
Las mujeres siempre han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo y la sostenibilidad del sector agrícola y el medio rural en general. A pesar de ello, todavía se subestiman e infravaloran sus funciones y contribuciones, tanto en las explotaciones agrícolas como fuera de ellas.
Una investigación reciente ha revelado un aumento considerable de la cantidad de mujeres rurales empleadas y de mujeres que son socias en pie de igualdad en la producción. En la actualidad, el 30% de todos los jefes de explotaciones agrícolas de la UE son mujeres, al mismo tiempo que la agricultura fue el séptimo empleador de mujeres más importante en los veintiocho países de la UE en 2014.
Las mujeres desempeñan un papel fundamental en las explotaciones familiares, todavía predominantes del sector agrícola europeo. Sus funciones suelen ser agrícolas o con relación a distintas actividades empresariales de la explotación que promueven la diversificación agrícola.
No obstante, el trabajo de las mujeres fuera de la explotación también tiene una gran relevancia para la supervivencia de las explotaciones familiares y contribuye de una manera significativa a la seguridad financiera de las familias con explotaciones agrícolas. Las mujeres están especialmente cualificadas para el desarrollo de proyectos multifuncionales, llevando así a la práctica la noción de una economía circular ecosocial.
En general, la contribución de las mujeres a las economías rurales es cada vez más sólida, también como impulsoras de la innovación. Cada vez hay más mujeres activas desde el punto de vista económico en sectores como la artesanía rural, Según las cifras de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), los miembros de las familias representan el 41,7% de la mano de obra total en las explotaciones agrícolas de Europa junto con diversos tipos de tareas de voluntariado, innovación social y participación cultural.
Tras estas tendencias, subyace el aumento de la cantidad de mujeres con una formación educativa superior. Por otra parte, esto facilita las oportunidades de empleo en puestos directivos.
BARRERAS Y OBSTÁCULOS
Sin embargo, a pesar de los avances positivos, muchas mujeres todavía se enfrentan a un sinfín de dificultades cuando intentan acceder a empleos o desarrollar empresas rurales.
El índice de participación femenina en el mercado laboral sigue siendo menor en las zonas rurales que en la urbanas. Uno de los principales problemas relacionados con esto es que muchas mujeres no son «empleadas» oficiales en su explotación familiar y, por tanto, no adquieren derechos de protección social, pese a sus contribuciones sociales y económicas de distintos tipos.
Las agricultoras todavía tienden a tener empleos de menor remuneración y responsabilidades inferiores. Las explotaciones agrícolas gestionadas por mujeres también tienden a ser más pequeñas que las de los hombres.
Algunas de las barreras para el empleo de la mujer fuera de las explotaciones familiares son: las instalaciones limitadas para atención médica, cuidado infantil y de personas mayores; los servicios de transporte público inadecuados; la falta de acceso a Internet de banda ancha; y la formación profesional y práctica de baja calidad.
Durante muchos años, las iniciativas políticas en materia de igualdad de género en las zonas rurales de la UE han registrado avances excepcionales en algunos Estados miembros, mientras que otros todavía se quedan atrás. Los obstáculos habituales para el emprendimiento femenino en las zonas rurales son la falta de acceso a créditos, de participación en los procesos de toma de decisiones agrícolas o rurales, y de disponibilidad de redes de apoyo entre iguales.
APOYO A LA MUJER RURAL A TRAVÉS DE LOS PDR
Para conseguir progresos, es necesario alentar y apoyar a las mujeres, y promover el emprendimiento resulta también especialmente importante. Sin embargo, la aplicación de las políticas de desarrollo rural en las regiones o los Estados miembros todavía no aprovecha al máximo todo lo que las mujeres rurales pueden aportar a la sostenibilidad y al desarrollo del medio rural.
Los PDR ofrecen grandes posibilidades de ayudar a las mujeres empresariales en las zonas rurales, en particular mediante el apoyo a la diversificación agrícola, también en el caso de las empresas rurales basadas en el hogar o de otra índole.
Mejorar el apoyo al emprendimiento, tanto para hombres como para mujeres, en esferas como el turismo rural, los productos fabricados a nivel local y los servicios de los ecosistemas puede ser un elemento estratégico clave para promover el crecimiento económico general en Europa.
A través de los PDR, podemos mejorar el acceso a fondos o subvenciones para empresas emergentes destinados a mujeres que ponen en marcha pequeñas o medianas empresas en el medio rural, además de ofrecer cursos de formación relevantes en materia de desarrollo empresarial, identificación de productos, comercialización, turismo, conocimientos sobre tecnologías de la información y aspectos financieros de las empresas.
La creación de un entorno favorable para el emprendimiento y la participación en el mercado laboral de la mujer en las zonas rurales también implica mejorar la disponibilidad de servicios de calidad para el cuidado infantil en el medio rural y de otros servicios rurales, como la atención sanitaria y el cuidado de personas mayores.
La medida LEADER puede ser una herramienta de especial utilidad para que las mujeres participen activamente en el desarrollo rural, ya sea a nivel comunitario o en el plano de la innovación empresarial. Garantizar la igualdad de género en las juntas de los grupos de acción local del enfoque LEADER puede fortalecer el papel de las mujeres rurales en los procesos locales de planificación y toma de decisiones, y mejorar al mismo tiempo las oportunidades para las mujeres rurales.
MUJERES RURALES QUE SIRVEN DE INSPIRACIÓN
Las mujeres de las zonas rurales deben salir a la luz y ayudar a poner fin al declive rural. Para ello, es primordial mostrar el papel económico y social positivo de la mujer en la agricultura, y motivar a más mujeres a sacar el máximo partido de su potencial económico.
LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL HA DADO UN PASO MÁS EN LA APLICACIÓN DE SU I PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA CON LA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ENCARGADA DE SUPERVISAR LA MARCHA DE ESTE PROYECTO, DIRIGIDO A "REFORZAR EL IMPORTANTE PAPEL QUE LA POBLACIÓN FEMENINA DESEMPEÑA EN LOS MEDIOS RURAL Y PESQUERO".
Según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado, la puesta en marcha de esta comisión ha tenido lugar esta semana en un acto presidido por el viceconsejero de Agricultura, Ricardo Domínguez García-Barquero, y en el que han estado representantes de instituciones y organizaciones agrarias, sindicales, empresariales y sociales implicadas en este proceso.
El I Plan de Igualdad tiene un horizonte de aplicación hasta 2020 y fue aprobado en Consejo de Gobierno el pasado mes de enero, después de un intenso proceso de elaboración que contó con las aportaciones de los principales agentes económicos y sociales del sector, así como de las asociaciones de mujeres representativas en el medio rural.
Para el año 2017 contempla la aplicación de un total de 165 actuaciones concretas, enfocadas a incrementar la participación de las mujeres en los sectores agroalimentario y pesquero y a cambiar la cultura organizativa y de trabajo en la propia Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Entre las medidas que ya se están aplicando durante este año están las dirigidas a priorizar a las mujeres y las empresas constituidas por mujeres en todas las líneas de ayudas públicas que convoca Agricultura, o a aumentar la presencia femenina como docentes y como alumnas en las actividades formativas del sector.
También se quiere impulsar la participación de la mujer en la interlocución agraria y pesquera, así como formar y sensibilizar en materia de igualdad al personal de la Consejería.
El plan incluye el diagnóstico que por primera vez se realiza en Andalucía sobre la situación de las mujeres en la actividad agroalimentaria y pesquera.
Entre otros datos que avalan la necesidad de las medidas propuestas, destacan la baja ocupación femenina en el sector agrario, con un 26 por ciento del total y un once por ciento entre las personas asalariadas que trabajan a jornada completa, y en el pesquero (cinco de cada 20 empleos).
Además, tan sólo el 30 por ciento de titulares de explotaciones agrarias son mujeres, proporción que baja al 13,7 por ciento en la ganadería.
Estas cifras contrastan con el hecho de que más de 2,24 millones de mujeres viven en la Andalucía rural, que concentra casi el 55 por ciento del total de habitantes de la comunidad autónoma.
En líneas generales, el diagnóstico subraya como principales problemas la masculinización y envejecimiento de la población rural, la falta de relevo generacional, la falta de oportunidades para las mujeres y su concentración en las posiciones inferiores de la jerarquía laboral, la mayor intensidad de los roles y estereotipos sexistas en la asignación de los trabajos y la falta de concienciación sobre estas desigualdades.
Integrantes de la comisión A la reunión constitutiva de la comisión de seguimiento del I Plan de Igualdad, que periódicamente irá evaluando su desarrollo y aplicación, asistieron representantes de todos los centros directivos de Agricultura, así como de Agapa e Ifapa; además, asistieron miembros del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, COAG, Asaja, UPA, entre otros.
Asimismo, asistieron integrantes de las Cooperativas Agroalimentarias, Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía, Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA), Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), CCOO, UGT y la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería de Agricultura.
EL GDR DE GUADIX VOLVIÓ A ACOGER UNA NUEVA JORNADA DEL PROCESO FORMATIVO QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL ORGANIZA CON EL OBJETIVO DE QUE LA GESTIÓN DEL NUEVO PROGRAMA 2014-2020 CONTRIBUYA A LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS TERRITORIOS RURALES.
Más de 40 personas pertenecientes a los equipos técnicos de los GDR de Andalucía Oriental asistían el lunes, 3 de julio, en la sede del GDR de Guadix a un curso de formación en igualdad de género.
La Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural organizaba en la sede del GDR de Guadix la tercera sesión del Proceso Formativo en Igualdad de Género dirigido a personal técnico y gerencial de los Grupos de Desarrollo Rural.
Este proceso formativo-incluido en la Medida 19 Desarrollo Local LEADER de Andalucía- tiene como finalidad contribuir a la mejora de las capacidades de los equipos técnicos de los GDR para una correcta gestión de los programas a implementar en cada una de las comarcas donde se aplicarán los mismos y que además dichos programas contribuyan al fomento de la igualdad de género en los territorios.
La formación en Igualdad de Género también contempla al tejido asociativo, pieza clave en este proceso. De tal forma que por la tarde, tocó el turno a las asociaciones de mujeres de Jaén, Almería, Córdoba y Granada.
Un día después, la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural convocaba a las asociaciones de mujeres rurales las provincias de Huelva, Málaga, Sevilla y Cádiz.
Una intensa actividad que concluyó esa misma tarde con el personal político de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía aprendiendo y compartiendo sobre la Igualdad de Género. “Para construir bien y de manera justa con mujeres y hombres, a veces hay que deconstruir lo aprendido de un sistema desigual. De eso se trata” afirman desde la Dirección General.
LA FINANCIACIÓN DEL SEGUNDO PILAR TAN SOLO SUPONE EL 24% DE LOS FONDOS DEL CONJUNTO DE LA PAC Y QUE LOS OBJETIVOS A LOS QUE DEBE RESPONDER, TANTO LOS ANTERIORMENTE CITADOS, COMO LA PROPIA CALIDAD DE VIDA Y EL FUTURO DE LOS TERRITORIOS RURALES SON FUNDAMENTALES.
LA ESTRUCTURA ACTUAL DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL Y LA APLICACIÓN CONCRETA QUE HACEN TANTO EL MINISTERIO COMO LAS CCAA NO SE CORRESPONDE CON LOS RETOS SINO QUE SON TAN SOLO UNA EXTENSIÓN DEL PRIMER PILAR, SALVO ALGUNAS MEDIDAS MUY CONCRETAS. ES NECESARIO UN NUEVO MARCO FINANCIERO GENERAL PARA DARLE AMPLITUD Y RECORRIDO A ESTA POLÍTICA, CON UN DEBATE SOBRE LA COFINANCIACIÓN QUE EXIGE ACTUALMENTE Y UNA MAYOR AMPLITUD EN LAS MEDIDAS A CONSIDERAR.
El pasado día 18 de mayo, el MAPAMA hizo público el borrador del documento de Posición Común en relación a la iniciativa de modernización y simplificación de la PAC. Este documento se hace público dos meses después de la celebración de las Jornadas sobre el Futuro de la Reforma de la PAC organizadas por el Ministerio y en las que participaron todas las Comunidades Autónomas así como representantes de organizaciones agrarias, ecologistas y económicas del sector.
El documento hecho público se estructura en siete bloques y aunque contiene principios básicos, algunos de ellos interesantes de cara a las futuras negociaciones, lo que llama poderosamente la atención, son los silencios y las ausencias en el texto respecto a las cuestiones más injustas y críticas de la actual Política Agraria Común. Devolver la legitimidad social a la PAC es urgente, y ello requiere una reforma profunda y no un mero maquillaje.Necesitamos urgentemente otra PAC
La Política Agraria Común que supone; el 38% del presupuesto comunitario, un monto económico para España de 44.000 millones de euros para todo el periodo, y supone el 80% del presupuesto del Ministerio y de las CCAA, exige un debate social amplio y profundo y no jornadas y reuniones de alto nivel. La diferencia con respecto a otros procesos de reforma es que en este momento existe una amplia red de organizaciones, movimientos y grupos, con perfiles muy distintos y con posiciones también distintas, pero que quieren que la futura reforma de la PAC sea sometida a debate y control tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.
En relación al carácter horizontal de la PAC, consideramos esencial que se refuerce el logro de los objetivos incluidos en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la UE, y estando de acuerdo que la equiparación del nivel de la renta agraria es imprescindible, en este momento, sabemos que para ello es preciso abordar de manera firme el objetivo de la “estabilización de mercados”. El documento no hace mención a los principios de la PAC, como el de “preferencia comunitaria” que deberían ser de nuevo redimensionados en un contexto de liberalización comercial que amenaza constantemente el futuro del sector y el cumplimiento de los dos objetivos anteriores. Pero además, el sistema agroalimentario, responsable del 18% de los gases efecto invernadero, debe dotarse de una política claramente orientada a frenar el cambio climático y a favorecer la adaptación a este nuevo contexto y este debe ser un objetivo esencial para la futura PAC y no un simple ejercicio de verdeo.
El problema central es que el documento de posición común ni define, ni apuesta por un modelo de producción agraria y ganadera, y por lo tanto sirve tanto para defender a las pequeñas y medianas explotaciones lecheras de la cornisa cantábrica que para defender el Proyecto de la Macrogranja de Noviercas. Soria. Esta ausencia hace que el documento obvie cualquier mención a criterios de justicia o sostenibilidad en la articulación de la PAC y en la distribución de los pagos.
En un contexto de fuerte rechazo del sector agropecuario a las negociaciones de los acuerdos de liberalización comercial como el CETA o el TTIP, y habida cuenta del secuestro democrático que suponen estas negociaciones, nos parece inaudito que el documento de posición común simplemente se limite a plantear la necesidad de elaborar estudios de impacto sobre sectores vulnerables, cuando este condicionante debería ser básico y exigible de manera automática antes de iniciar cualquier proceso de negociación.
Pero además, la futura PAC deberá caminar hacia una política alimentariaque deberá atender a las demandas crecientes de consumidores y consumidoras cada vez más consciente sobre cuestiones sociales, ambientales y relacionadas con la salud., y esto debería estar integrado como objetivo-
Nos preocupa especialmente la ausencia de reflexión y ambición en el bloque relacionado con los pagos directos. Siendo una herramienta legítima e imprescindible para el desarrollo de la PAC, y estando de acuerdo que son las personas que viven y trabajan directamente en el sector las que deben ser las perceptoras de las ayudas, no se hace ninguna mención al hecho de que los pagos directos, son una herramienta legítima socialmente, siempre que su distribución se haga de manera comprensible para la sociedad, y desde luego con criterios de justicia social, ecológica y geográfica. En este sentido, no podemos estar de acuerdo con una ayuda desacoplada construida sobre derechos históricos que no se corresponden en muchos casos con la realidad de la estructura productiva y que hace que simplemente “Quien más tierra tiene, más derechos acumula y por lo tanto más dinero cobra”. Existen voces sociales y autorizadas que empiezan a plantear la necesidad de que las ayudas estén vinculadas también al cumplimiento de objetivos y existen instrumentos ya probados como los contratos territoriales que podrían ser explorados.
En relación a los bloques relacionados con el enfoque de cadena y la red de seguridad, el documento plantea algunas cuestiones previas evidentes, sin embargo, es preocupante que finalmente parece que son los agricultores y ganaderos los que deben adquirir mayor capacidad y conocimiento sobre el funcionamiento de los mercados para hacer frente a la volatilidad de los precios, algo que por efecto de las políticas de liberalización en el sector se ha hecho estructural. Hay tres elementos clave que deben considerarse. El primero, que en el marco del sector primario, el derecho a la competencia debe quedar excepcionado simplemente porque los alimentos son un derecho y no una mercancía. El segundo, que es urgente introducir mecanismos de transparencia, regulación y justicia en la cadena alimentaria pero no solo, sino también en la configuración de los precios, y tercero, que las crisis acumuladas y estructurales como la del sector lácteo, la provocada por el veto ruso, o la que se avecina con el sector de la remolacha muestran que es imprescindible arbitrar instrumentos de control de la oferta. Por todo ello, y tal como levantan algunas voces, sería el momento de crear un tercer pilar de la PAC que sobre el principio de preferencia comunitaria y los objetivos de estabilidad de mercados y equilibrio de rentas, articulara una política integral y coherente con los retos que evidentes.
Por último, leyendo los párrafos dedicados al Desarrollo Rural, y al margen de las referencias interesantes al cambio climático, la economía circular y la bioeconomía, sin embargo, un documento de este tipo debería empezar por plantear posiciones más claras y generales en relación al conjunto del segundo pilar de la PAC. Recordar que hoy por hoy la financiación del Segundo Pilar tan solo supone el 24% de los fondos del conjunto de la PAC y que los objetivos a los que debe responder, tanto los anteriormente citados, como la propia calidad de vida y el futuro de los territorios rurales son fundamentales. La estructura actual de la Política de Desarrollo Rural y la aplicación concreta que hacen tanto el Ministerio como las CCAA no se corresponde con los retos sino que son tan solo una extensión del Primer Pilar, salvo algunas medidas muy concretas. Es necesario un nuevo marco financiero general para darle amplitud y recorrido a esta política, con un debate sobre la cofinanciación que exige actualmente y una mayor amplitud en las medidas a considerar.
En definitiva, El Documento de Posición Común que tenemos sobre la mesa genera frustración por lo que supone de continuismo y de falto de ideas innovadoras, y nos plantea un escenario en el que como parece ser la tónica general, reformar para que nada se mueva. Precisamente este inmovilismo es lo que acabará matando un sector agrario y ganadero familiar, social y sostenible apoyado sobre el mayor número de unidades de producción pequeñas y medianas que defendemos.
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