La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha participado hoy en Almería, a través de videoconferencia, en los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Pesquera para Asuntos Comunitarios, en los que, entre otros temas, ha insistido en la necesidad de que la Política Agrícola Común (PAC) cuente con "presupuesto suficiente" en el próximo marco 2021-2027. Para la representante del Gobierno andaluz, "se trata de un eje fundamental para el desarrollo económico y del medio rural para Andalucía y queremos que tenga dotación suficiente y que se puedan recuperar los más de 900 millones de euros que perdimos con el reparto que hizo el Gobierno central a las comunidades autónomas". Con vistas a esta reforma de la política comunitaria, un equipo especializado de la Consejería está trabajando desde hace varios meses en la definición y desarrollo de la posición andaluza ante esta nueva PAC.
En los Consultivos, convocados en Madrid por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se ha abordado, entre otros asuntos, el futuro de la PAC tras el año 2020, solicitando la colaboración de las comunidades autónomas para fijar la posición española en la negociación de esta política europea para el próximo periodo. Este posicionamiento centrará también la reunión de los días 27 y 28 marzo como ha anunciado la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. En este sentido, la consejera ha pedido a la ministra que aclare si esa reunión va a tener carácter de conferencia sectorial o se va a tratar de una conferencia informal, así como que dé a conocer a los asistentes previstos.
Para Carmen Ortiz, es necesario que el Ministerio comunique formalmente y en la mayor brevedad estas cuestiones, así como la hoja de ruta que tiene previsto seguir para ir configurando la posición sobre las negociaciones de la PAC post 2020.
Entre las prioridades para el próximo marco, la consejera se ha referido a la posibilidad de avanzar en la simplificación administrativa y conseguir que la PAC sea “más justa” y esté “más adaptada a las necesidades del mercado, que favorezca a la sostenibilidad y contribución al cambio climático de las producciones agrícolas”. Asimismo, para Ortiz, la futura PAC debería "reforzar el relevo generacional y fomentar las actividades económicas y el desarrollo en los núcleos del medio rural".
Otro de los elementos fundamentales para la PAC post 2020 a los que se ha referido Ortiz es la necesidad de seguir trabajando para reforzar los mecanismos de regulación de mercados ante las recurrentes situaciones de volatilidad de precios. Según Carmen Ortiz, "hay que mejorar los mecanismos jurídicos de control de la competencia y reforzar la posición en esa negociación de agricultores y ganaderos.
La consejera ha recalcado que Andalucía participará “activamente” en este debate de futuro, defendiendo las ayudas directas, "fundamentales para el mantenimiento de las rentas, y políticas que sigan haciendo posible la vida en muchos pueblos". Por último, ha destacado el importante papel de esta política comunitaria que, hasta la fecha, “ha sido un balón de oxígeno fundamental para el campo y el entorno rural” de la Comunidad Autónoma.
La reforma de la Política Agrícola Común para 2014-2020 diseñada por el Gobierno central ha supuesto una pérdida para Andalucía de 900 millones de euros (286 millones en el capítulo de desarrollo rural y 616 millones en el de ayudas directas) por la aplicación del recorte lineal, por primera vez, a los beneficiarios de menos de 5.000 euros y por el injusto reparto de ayudas asociadas. El reglamento actual excluye de estos incentivos a sectores andaluces de gran importancia social y económica que se encuentran en riesgo de abandono, como el olivar de secano en pendiente, el trigo duro o la uva pasa; y da un apoyo insuficiente a la remolacha de siembra otoñal, el ganado caprino y los frutos de cáscara de secano y en pendiente.

Los sistemas históricos de regadío constituyen un sistema agroecológico de interés socioeconómico, ambiental y cultural que han creado paisajes de gran belleza y que dotan (o han dotado) de identidad a los territorios donde se ubican.
El regadío es un paisaje realmente extraordinario, presente en una buena parte de nuestra tierra. Se trata de territorios modelados a lo largo de siglos de historia de coevolución entre el ser humano y la naturaleza. Sus valores, no solo patrimoniales, sino también ambientales, agronómicos, identitarios o estéticos, son cada vez más reconocidos a nivel internacional.
Su origen es histórico y son una parte fundamental de nuestro patrimonio. La mayoría de los sistemas históricos de regadío de Andalucía son de origen medieval, muchos probablemente tienen más de mil años de existencia. La mayoría se concentran en Andalucía Oriental, coincidiendo con el territorio del antiguo reino nazarí de Granada. Existieron también en la Andalucía Bética, pero distintos factores tras la conquista castellana, hicieron que se priorizaran otros sistemas de producción. Por ello, actualmente la presencia de regadíos históricos en esta zona es mucho menor.
Aunque pueda parecer mentira, desconocemos cuál es su extensión y el número de comunidades de regantes históricas y tradicionales que gestionan estos espacios. Existe una gran falta de información en torno a ellas, a pesar de su importancia, no sólo agrícola, sino también cultural, ambiental y paisajística. Los cálculos existentes varían, pero podemos decir que solo en las provincias de Granada y Almería hay, al menos, unas 550 comunidades de regantes y más de 830 espacios de riego históricos y tradicionales, que suponen casi 200.000 hectáreas de regadío, más de 24.000 km de acequias y más de 90.000 regantes. La mayor parte de las comunidades ha sobrevivido durante siglos, mostrando una gran capacidad de resiliencia, pero actualmente se encuentran en grave riesgo de desaparición.

El mapa colaborativo de regadíos históricos tiene como principal objetivo visibilizar tanto estos espacios productivos como a las comunidades de regantes que los gestionan. Es una iniciativa que nace en colaboración con el proyecto europeo FP7 MEMOLA y la Asociación de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de Andalucía. Para ello hemos contado con la financiación de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) dentro del programa de ciencia participativa.
Por el momento este mapa colaborativo es solo un primer paso para el conocimiento y reconocimiento de estos espacios productivos y de las comunidades que las gestionan. Se trata de un proyecto en construcción, que espera ir perfeccionándose hasta llegar a ser un referente para el conocimiento y difusión de los regadíos históricos. Por el momento nos hemos ceñido a las provincias de Granada y Almería, que concentran la gran mayoría de estos espacios. Algunos de los sistemas han sido parcial o incluso totalmente modificados y transformados en regadíos modernos. Aún así hemos querido reflejar también cuál era su extensión con la información que teníamos disponible.
Es fundamental que conozcamos mejor uno de nuestros principales valores patrimoniales y paisajísticos, sino el que más. Es necesario reconocer sus valores y saber qué es lo que estamos perdiendo con su desaparición y los riesgos que corremos en el contexto actual de cambio global y crisis ambiental.
Por ello hacemos también un llamamiento a la participación en la mejora de este mapa. Si te interesa, puedes colaborar entrando en la sección “Participa” y creando una ficha para los sistemas de riego históricos y comunidades de regantes que tú conozcas o que aún no estén en el mapa. Contacta con nosotros y ayúdanos a conocerlos mejor y a darles visibilidad. Estamos convencidos de que son importantes y de que son una joya que merece la pena preservar.

La Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural mantiene una reunión de coordinación con ARA (Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía) y los GDR de cara al inicio del nuevo programa que contará con 258 millones de euros para el medio rural andaluz.

El Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Manuel García Benítez ha anunciado en Osuna (Sevilla) que "49 territorios rurales contarán con su propio Grupo de Desarrollo Rural en el nuevo marco de ayudas 2014-2020" tras la aprobación de sus respectivas Estrategias de Desarrollo Local LEADER. Así lo ha anunciado ante un centenar de responsables de los Grupos de Desarrollo de toda Andalucía y de la presidenta de ARA y alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar Torrejón.
En la reunión, García Benítez ha añadido que "con este reconocimiento culmina el proceso para la configuración de los Grupos de Desarrollo Rural 2014-2020 y  sus líneas de actuación en el territorio al que representan si bien quedan 3 territorios pendientes de adjudicar".
Una vez reconocidos los Grupos que operarán en el nuevo marco, en los próximos meses la Consejería de Agricultura firmará un convenio de colaboración con éstos para la implementación de sus respectivas Estrategias de Desarrollo Local  LEADER hasta 2020.
Este reconocimiento supone un paso más hacia la puesta en marcha de los Planes Estratégicos que los actores y agentes de cada territorio rural han consensuado en los últimos meses. Dichos planes están destinados a incrementar el nivel de desarrollo social y económico de las comarcas rurales, mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población, frenando el éxodo poblacional, gestionando de forma racional el territorio y sus recursos e incrementando la riqueza y el empleo.
Los ejes para lograr estos objetivos son la innovación, la conservación del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Los proyectos incluidos en dichos Planes serán financiados mediante fondos FEADER de la UE al 90% y de la Junta de Andalucía al 10%.
Los fondos asignados a cada Grupo de Desarrollo durante el período 2014-2020 se destinarán a apoyar proyectos que generen empleo en las comarcas rurales con un claro enfoque de innovación, basados en el uso de los recursos del territorio y con un marcado carácter impulsor del desarrollo socio económico a través de la diversificación económica.
En su intervención, García Benítez ha afirmado que Andalucía va a contar con un "importante" plan estratégico del mundo rural fruto del trabajo de los Grupos de Desarrollo que, con la participación de la ciudadanía de sus comarcas, han priorizando sus necesidades hasta 2020.
Tras afirmar que los Grupos de Desarrollo Rural son "las manos y pies" de la Dirección General en los territorios, ha anunciado la constitución de una mesa de trabajo en la que estarán presentes ARA, gerentes de las ocho provincias, así como personal de las Delegaciones Territoriales y la propia Dirección General para realizar un seguimiento del Programa de Desarrollo Rural.
Respecto al inicio del programa, el Director General ha adelantado que "confía en que los Grupos puedan comenzar a atender a la gente emprendedora a partir del mes de mayo".
Destacamnos la importancia de esta reunión en la que los Grupos han podido conocer de primera mano los pasos a seguir por la Dirección General de cara a poner en marcha el nuevo Programa.

Hemos oído muchas veces que el territorio rural abarca  el 80% del territorio del estado en el que tan solo vive el 20% de la población. Es un espacio social, ecológico y económico rico y diverso, portador de inmensos valores culturales que constituyen la esencia de la diversidad de pueblos y nacionalidades que constituyen el estado. Sin embargo, las sucesivas políticas implementadas;  tanto económicas, ambientales, territoriales, como agrarias o pesqueras, lo han ido desvertebrando y relegando a una realidad de segunda. La población que vive en el medio rural tiene un enorme sentimiento de abandono por parte de los poderes públicos. Es una sensación, mezcla de frustración e indignación, que abarca todos los ámbitos en los que debería actuar la política,  y que se hace más profunda cuando más nos adentramos en la realidad rural de zonas de montaña o en las mesetas interiores. Las personas que viven en el medio rural están hartas de que se les ignore por parte de los partidos políticos tradicionales, tienen necesidades y demandas, y lo más importante, tienen claro cuáles son los reclamos fundamentales. Nuestro Medio Rural debe formar parte fundamental del proceso de cambio democrático y construcción de un nuevo modelo productivo que se abre paso en este país.
La Ley 45/07 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural vino a cubrir un gran vacío en la política nacional. Es una propuesta legislativa que trata de incorporar a los pactos políticos del estado, la necesidad de una Política Rural Nacional, integral e integradora, respetuosa con la realidad local y con las competencias de cada ámbito de poder, construida sobre una metodología y acción política participativa,  al servicio del desarrollo sostenible rural. Esto es necesario porque desde que España se incorporó a la Unión Europea y comenzamos a recibir fondos estructurales y de la PAC, nuestra política rural, quedó reducida a gestionar y ejecutar lo que recibíamos sin que existiera una visión desde el estado y desde las Comunidades Autónomas de lo que se quería para el medio rural.
La ley parte de un reconocimiento que es fundamental para entenderla, y es el hecho de que existe desequilibrio y desigualdad territorial,  y ello  afecta a todo nuestro proyecto de país, pero afecta sobremanera al futuro del medio rural. Esta desigualdad territorial se manifiesta de tres formas; por una parte y el más evidente, el desequilibrio demográfico existente en muchas comarcas rurales y que se evidencia; con la baja densidad de población, con la alta tasa de envejecimiento, con la baja tasa de población infantil y juvenil, y con el hecho de que incluso a determinados territorios apenas llegue población foránea, evidentemente porque no hay trabajo. Además, la  desigualdad se perpetúa por la debilidad de la estructura económica existente en muchas zonas y que se constata cuando vemos; la escasa diversificación económica,  la baja tasa de actividad, las dificultades para encontrar empleo por cuenta ajena y la elevada cantidad de personas cuya fuente principal de renta es una pensión.  Por último, la desigualdad se hace más aguda cuando además existen dificultades para el acceso a los servicios públicos de calidad y cercanos, y cuando el ejercicio de derechos sociales es más difícil, que en otros entornos; el acceso a un hospital, a estudios de bachillerato o formación profesional, la existencia de escuelas de educación infantil que permitan conciliar la vida laboral, o por ejemplo la altísima tasa de dependencia que existe en el medio rural que está siendo cubierta por una generación de mujeres sostén de toda la cadena del cuidado y sin apenas recursos.
Sobre la base de esta justificación,  Ley tiene sentido en la medida que se priorizan las actuaciones sobre aquellas comarcas y zonas más desfavorecidas. No estamos hablando de una Ley agrarista, estamos hablando de una ley que tiene un enfoque de desarrollo que integra dimensiones económicas - sociales y ambientales, y aborda la  diversidad de sectores económicos. No podemos olvidar que la ley añade un adjetivo sustancial al desarrollo rural, y es el adjetivo de sostenible, lo que nos obliga a pensar más allá de lo realizado hasta la fecha, y situarnos muy claramente en un contexto en el cual el reto del cambio climático es hoy más evidente para la sociedad y la clase política que hace 10 años.  La actualización en la aplicación de la ley nos obliga a pensar en el modelo de desarrollo y el cambio del modelo productivo que preconizamos como necesario.
Los debates en torno a la aplicación de la ley se han sucedido a lo largo de todos estos años y no siempre son acertados. Es preciso entender que estamos ante una Ley que promueve una Política de Estado para el Desarrollo Rural y que además, refleja un consenso adecuado y suficiente como pocas leyes tienen del conjunto de la sociedad civil organizada. Es necesario también entender que estamos hablando de una Ley Marco de promoción, fomento y articulación.
Hoy, día 15 de febrero, en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados,  tenemos la primera oportunidad para abrir el debate sobre esta propuesta que consideramos esencial para abordar la Defensa de un Mundo Rural vivo que planteamos como formación y en confluencia con el resto de organizaciones políticas aliadas.